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Bienes Personales: Diputados, en el medio de gobernadores y ruralistas
cronista.com

El peronismo aceptaría cambiar el proyecto, mientras se respeten acuerdos con gobernadores. Quejas de productores por impacto en actividad y caída de rentabilidad

El debate legislativo de los aumentos del impuesto a los Bienes Personales, que el Poder Ejecutivo acordó con los gobernadores para asegurarse el tratamiento legislativo del presupuesto para 2019, todavía está lejos de haberse cerrado. Tal como lo anticipó ayer El Cronista, el oficialismo quiere reabrir el acuerdo que contiene la imposición de 0,25% al patrimonio rural tras la resistencia del campo, en el momento de tratarse el proyecto en el recinto.
Es que la polvareda que se levantó al trascender los ejes del proyecto que busca gravar la propiedad rural, llevó al Gobierno a intentar poner paños fríos. Ayer, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, subrayó que no se pretende "incrementar la presión impositiva para el campo con los cambios que se están realizando a Bienes Personales. Por eso estamos trabajando con los representantes del oficialismo en el Congreso", reconoció el titular del Palacio de Hacienda.

Dujovne dijo que las modificaciones en Bienes Personales "forman parte de una propuesta del Poder Legislativo, en el marco de una negociación amplia del Presupuesto" (ver pág 3). Y que dada la condición minoritaria del oficialismo en el Congreso, se deben escuchar los "pedidos de la oposición, expresado mayoritariamente en las conversaciones con los gobernadores". Distintas bancadas dejaron trascender que, además, se evalúan todas las alternativas para compensar a las provincias por el fondo sojero y evitar otro golpe al campo.

Al respecto, fuentes del PJ señalaron que "están dispuestos a escuchar si el Gobierno tiene alguna variante que respete el compromiso firmado en la addenda con los gobernadores". No va ser nada sencillo.
En caso de ser aprobado el proyecto como dictaminó la comisión de Presupuesto y Hacienda, todas las personas físicas propietarias de tierras, pasen a tributar el año próximo. Esto sería por la derogación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, pero también por la suba propuesta en el mínimo no imponible desde los actuales $ 1,05 millones a $ 2 millones, y las diferentes alícuotas a aplicar según los valores. Según el proyecto discutido en Comisión se aplicaría 0,75% en bienes con una valuación superior a $ 20 millones, que abarca a una gran mayoría de propiedades.
De ser así, esto encarecerá el costo del arrendamiento. Dado que el 70% de la producción argentina se realiza en campos alquilados, el proyecto de modificación pega de lleno en la actividad agropecuaria. Pese a ello, se analiza la posibilidad de aplicar una alícuota plana de 0,25% a todos los inmuebles y que pueda tomar a cuenta de Ganancias el pago en concepto de Bienes Personales.

Reacción
Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) instaron al Congreso a "discutir con números en la mano los resultados de las empresas agropecuarias. Si se quiere trabajar con honestidad intelectual y hacer los ajustes donde corresponde, tienen los diputados la obligación de aceptar esta propuesta', precisó CRA en un comunicado.
Sobre las consecuencias que tendría el avance de Bienes Personales sobre la actividad agropecuaria la entidad precisó que el sector no sólo está "herido" si no que se siente "discriminado", en un contexto en el que "no hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y al país".